En este artículo, hablaremos sobre la normatividad para la recolección de aguas residuales en Colombia, destacando la importancia de cumplir con las regulaciones para prevenir impactos negativos en nuestros recursos hídricos.
Engeikos, empresa líder en soluciones ecológicas para la gestión de residuos en Colombia, se compromete con la preservación del medio ambiente y la salud pública a través de servicios especializados.
Normatividad para la recolección de aguas residuales
Resolución 1207 de 2014:
Derogada por la Resolución 1256 de 2021, establece disposiciones sobre el uso de aguas residuales tratadas en Colombia.
La normativa se basa en la obligación constitucional de proteger los recursos naturales y planificar su uso sostenible. Destaca la importancia del uso eficiente del agua para la conservación del recurso y el desarrollo sostenible.
En cuanto a la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico, emitida en 2010, promueve el reúso de aguas residuales tratadas como estrategia para el ahorro y uso eficiente del agua.
Esta práctica se considera ambientalmente amigable al reducir impactos negativos asociados con la extracción y descarga a cuerpos de agua naturales.
En la resolución establece el objeto y ámbito de aplicación, definiendo términos clave como «aguas residuales tratadas» y «criterio de calidad».
Se detallan los procedimientos para el reúso, incluyendo la modificación de concesiones y licencias ambientales, y se establecen responsabilidades para los usuarios generadores y receptores de aguas residuales tratadas.
Adicionalmente, se especifican usos permitidos para el reúso, como agrícola e industrial, con criterios de calidad asociados. Se definen distancias mínimas de retiro para diversas actividades de reúso y se establece la responsabilidad del usuario receptor en la construcción y mantenimiento de obras necesarias.
La resolución aborda la prevención del deterioro del recurso hídrico y exige un plan de monitoreo del agua residual tratada. También contempla situaciones contingentes, donde se debe informar a la autoridad ambiental y suspender el uso en caso de contingencia ambiental.
Se establece un régimen de transición para usuarios con concesiones vigentes al momento de la entrada en vigencia de la resolución, dándoles un plazo de doce meses para cumplir con sus disposiciones.
Decreto 3930 de 2010:
La Constitución Política de Colombia, en sus artículos 79 y 80, establece el deber del Estado de proteger el ambiente, conservar áreas ecológicamente importantes y promover la educación ambiental.
Las Corporaciones Autónomas Regionales ejecutan políticas ambientales y tienen funciones como fijar límites de descarga y regular sustancias que afecten el ambiente.
Por su parte, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico busca ajustar el marco jurídico vigente. Se propone desarrollar el Ordenamiento de Recurso Hídrico, ajustar el procedimiento de permisos de vertimiento, reorganizar el registro de vertimientos y revisar los usos del agua.
El Ministerio de Ambiente debe actualizar criterios de calidad del agua y normas de vertimiento, considerando condiciones regionales y locales. Se destaca la necesidad de actualizar y armonizar el marco jurídico en prevención y control de la contaminación, dada la evolución normativa e institucional.
Ley 99 de 1993:
Es una ley colombiana que establece las disposiciones y lineamientos fundamentales para la gestión del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el país.
Fue promulgada con el propósito de reorganizar el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente, así como para establecer las bases de una política ambiental integral.
Algunos de los aspectos más relevantes de la Ley 99 de 1993 incluyen:
Creación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Esta ley creó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que se convirtió en la entidad rectora de la gestión ambiental en Colombia.
Organización del Sistema Nacional Ambiental (SINA): Estableció el Sistema Nacional Ambiental, que es una estructura interinstitucional destinada a coordinar las acciones relacionadas con la gestión ambiental en el país.
Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR): La ley definió las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, entidades encargadas de ejecutar políticas y programas ambientales a nivel regional.
Competencias del Ministerio en materia ambiental: Estableció que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sería el organismo rector encargado de definir las políticas y regulaciones para la recuperación, conservación, protección, el aprovechamiento y uso de los recursos naturales y el medio ambiente.
Principios de la política ambiental: La ley incorpora principios fundamentales para la gestión ambiental, como el desarrollo sostenible, la participación ciudadana, la prevención y control de la contaminación, entre otros.
Entonces, la Ley 99 de 1993 ha sido una herramienta importante en el marco legal colombiano para abordar asuntos relacionados con la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales renovables.
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